Una visión de la política económica laboral en el contexto de pandemia en Ecuador

Latorre Aizaga, Franklin Lenin; Herrera Flores, Boris Enrique; Benavides Morales, Ana Cristina; Jarrín Mantilla, Walter Patricio

flatorre@uce.edu.ec, bherrera@uce.edu.ec, acbenavides@uce.edu.ec; wpjarrin@uce.edu.ec

Resumen

La crisis económica ocurrida en Ecuador durante los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del SARS COV 2 (Covid 19) provocó desempleo, promovió la informalidad, obligó a la determinación de nuevas políticas laborales y reconfiguró el sistema laboral. El decrecimiento de los indicadores de empleo y su precarización también se catalogaron como una epidemia social que afectó a millones de personas en todo el mundo. La presente investigación recorrió la visión de la política económica laboral en el contexto de pandemia en Ecuador bajo el supuesto de que una política pública efectiva puede preservar las fuentes de empleo, y beneficiar al mismo tiempo a los empleadores. Los gobiernos de turno que enfrentaron y enfrentan hasta la actualidad la pandemia desde sus visiones, implementaron programas y políticas laborales para proteger el empleo que resultaron insuficientes para sostener los índices laborales pre pandemia, la metodología que se utilizó recorre un camino de revisión de literatura soportado en bases de datos científicas, bajo un enfoque cualitativo, fuentes de investigación secundaria que sirvieron de marco analítico, mediante la elaboración de tablas y porcentaje, estudio de corte transversal, determinó como principal resultado que la empleabilidad general ha superado los indicadores del 2019 (Cepal, 2022), los datos no diferencian el empleo adecuado del inadecuado, finalmente se supone una lenta recuperación responde al incremento del empleo informal y de otros tipos de empleo, la precarización de la jornada laboral y la invisibilización del trabajo femenino, trabajo no remunerado,  el acceso al trabajo de los jóvenes y personas vulnerables.

Palabras clave

Empleo, desempleo, empleo informal, precarización.  

Abstract

The economic crisis that occurred in Ecuador during the years 2020 and 2021 as a consequence of the SARS COV 2 (Covid 19) pandemic caused unemployment, promoted informality, forced the determination of new labor policies and reconfigured the labor system. The decrease in employment indicators and its precariousness were also classified as a social epidemic that affected millions of people around the world. The present investigation covered the vision of the economic labor policy in the context of the pandemic in Ecuador under the assumption that an effective public policy can preserve the sources of employment, and at the same time benefit employers. The governments on duty that faced and still face the pandemic from their visions, implemented labor programs and policies to protect employment that were insufficient to sustain pre-pandemic labor indices, the methodology that was used follows a supported literature review path. In scientific databases, under a qualitative approach, secondary research sources that served as an analytical framework, through the preparation of tables and percentages, a cross-sectional study, determined as the main result that general employability has exceeded the indicators of 2019 (Cepal , 2022), the data do not differentiate adequate employment from inadequate employment, finally a slow recovery is assumed to respond to the increase in informal employment and other types of employment, the precariousness of the working day and the invisibility of women’s work, unpaid work, access to work for young people and vulnerable people .

keywords

Employment, unemployment, informal employment, precariousness.

La pandemia mundial ocasionada por el Covid 19 abrió un escenario insospechado para la humanidad, los gobiernos impusieron medidas de confinamiento, toques de queda, restricción de movilidad, se dispuso el teletrabajo y entró en vigencia la educación remota en emergencia. La sociabilidad se redujo a la presencia virtual en las plataformas digitales, las cuáles transformaron la interacción social y la vida de la gente (Herrera-Flores, & Benavides-Morales, 2022). Los efectos devastadores en la salud y la vida de gran parte de la población mundial, así como el colapso de los servicios de salud cambiaron las dinámicas sociales, políticas y económicas. En este sentido se hace necesario describir el comportamiento de variables que de manera directa o indirecta influyeron en el ámbito laboral nacional y que serán motivo de análisis secundarios en la investigación.

            Las dinámicas sociales como una teoría derivada de la teoría de sistemas como elementos que interactúan entre sí, indagan oscilaciones, ritmos, ciclos o tendencias que también deben entenderse desde las dimensiones culturales, en las que comportamientos, costumbres, creencias y valores determinan constreñimientos de cambios permanentes.   De su lado las dinámicas políticas, devienen de las evoluciones que en el tiempo se dan entre las dimensiones de la toma de decisiones, el poder de los individuos, y la distribución de los recursos, para el desarrollo de un grupo social que en su tejido permite la predominancia de quienes detentan decisión sobre temas sociales.

            Por su parte las dinámicas económicas recorren las bifurcaciones de sus inflexiones que en un determinado tiempo adopta cambios a veces abruptos, que son resultados de procesos caóticos que en su caos soportan elementos de auto organización, mediante la toma de decisiones que afecten a unos y beneficien a otros, es así que la economía a más de su concepto tradicional de oferta y demanda de bienes y servicios debe incrustar en sus comprensiones otro tipo de variables que conduzcan a armonías y equilibrios no materiales, y dirigirlos hacia el campo social.

En estas comprensiones, los gobiernos del mundo y en particular el del Ecuador, determinaron de manera forzosa y obligatoria el confinamiento de las personas, mismo que fue necesario para evitar contagios masivos y muertes por causa del Covid-19, que, para finales del 2022 alcanzaba los 577 millones de casos confirmados y más de 6,5 millones de fallecidos a nivel mundial. En Ecuador la cifra sobrepasó los 962 mil contagios y 35.801 fallecidos, cifras que se mantuvieron estables después de la aplicación de la vacuna contra el virus.

Así también se limitó la circulación de productos, se cerraron los comercios y se impusieron nuevos protocolos para el ingreso de personas y mercancías entre países e internamente en los países. Por otra parte, las empresas y fábricas debieron adaptar distintas modalidades de trabajo hasta esa fecha desconocidas para muchas de ellas, virtualidad y presencialidad y aunque el confinamiento fue efectivo para evitar más decesos, implicó pérdidas económicas a corto y mediano plazo, esto reflejó la caída de la producción, la demanda interna, y aumento del desempleo.

En este contexto, América Latina enfrentó la pandemia en una situación de vulnerabilidad, la crisis sanitaria puso en evidencia las fallas estructurales arrastradas desde la crisis de 1980, 2008, y la crisis del 2014 producida por la caída del precio de los comodities (Ocampo, 2020) (Lustig & Mariscal, 2020). En una región debilitada, donde el desempleo, crisis política, informalidad, pobreza, inseguridad y desigualdad tienden a agudizar la débil cohesión social (Beteta, 2020), la pandemia solo complejizó el escenario. El PIB regional antes de la pandemia (2019) creció escasamente un 0,7%, a este escenario se sumaron transiciones políticas (Ocampo, 2020) que provocaron estallidos sociales de incalculables consecuencias (Mayol, 2020). El cóctel de factores generó un potencial disruptivo, el peso de las demandas sociales y políticas insatisfechas por los gobiernos de turno, dan una idea de la politización creciente de los asuntos relacionados a la calidad de vida y a las garantías sobre ella (Mayol, 2020).

De acuerdo a (BID, 2020)

Nuestras estimaciones iniciales indican un panorama muy complicado para América Latina y el Caribe. Estimamos que se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar a 62% en la región, con lo cual se perderían todos los avances logrados en este ámbito durante el periodo 2000-2013. Esto dependerá, sin embargo, de cómo evolucione la pandemia y de las medidas de mitigación adoptadas por los gobiernos.

De su lado en el Ecuador, la pandemia deterioró aún más, la frágil relación histórica de la trinidad productiva, empleador – trabajador – empleado, debido a la aplicación de políticas laborales establecidas en la denominada Ley de Apoyo Humanitario, misma que en su entorno postularía tres aspectos fundamentales:  (1) suspensión hasta por tres meses de las relaciones laborales; (2) reducción excepcional de la jornada laboral y (3) condiciones laborales para el teletrabajo, situaciones que fueron acumulando el descontento popular y que terminarían con dos manifestaciones sociales de impredecibles consecuencias, a partir de aquellos, se podría interpretar que el país no ha vuelto a ser el mismo debido al fraccionamiento social derivado precisamente de este tipo de acciones y políticas.

De su lado el nuevo gobierno instaurado en el Ecuador a partir del 24 de mayo de 2021, mantiene las medidas de su predecesor, y profundiza las reformas laborales debido a la pandemia, medidas a su vez devenidas desde el denominado plan de gobierno Creación de Oportunidades, en los acápites relacionados a empleo y condiciones laborales.

            A decir de (Organización Internacional del Trabajo, 2022, págs. 12 – 13)

A diciembre de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del total de la población, el 25 por ciento se encontraba en situación de pobreza; el 60 por ciento de la población con empleo no estaba afiliada a la seguridad social, y, de aquellas con alguna ocupación, el 63 por ciento era informal, de acuerdo con la definición y directrices de la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), que se describe en el recuadro 1 (Oficina Internacional del Trabajo 2004). Este escenario, sumado a la ya mencionada fragmentación y segmentación del sistema de protección social ecuatoriano, vuelve aún más retador el pensar alternativas de mecanismos de protección social, así como políticas de reactivación, ya que se requiere considerar los determinantes particulares y estructurales de la pobreza y la informalidad en el país, y los canales de afectación de la emergencia sanitaria.

Finalmente, los datos presentados en los resultados, responde la interrogante acerca de la realidad de los efectos derivados de las políticas laborales en el contexto de la pandemia en el Ecuador, con datos secundarios extraídos de las estadísticas del INEC.

Materiales y métodos

La investigación de tipo descriptiva, se desarrolló mediante la recopilación de cifras e indicadores de empleabilidad en Ecuador. La compilación de información se realizó con la finalidad de observar los problemas específicos presentados en la generación de empleo en un grupo etario determinado con el uso de un diseño transversal.

Los datos son extraídos desde fuentes secundarias de la encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo del EMNDU, que se basa en una metodología de aplicación de una encuesta de muestreo probabilístico, un universo de estudio de personas residentes en los hogares ecuatorianos, de diferentes segmentos etarios a partir de los 15 años, estableciendo el hogar como unidad de análisis, la cobertura geográfica es a nivel nacional, misma que permite una cobertura integral del fenómeno estudiado.

La información resultante de este método está orientada a otorgar datos de las principales categorías poblacionales de empleo y la relación con el mercado laboral, entre las cuales se tiene a las personas económicamente activas, las personas inactivas y las subdivisiones que estas dos ofrecen según varias características.

Para analizar la visión de la política económica laboral en el contexto de la pandemia en el Ecuador, se plantea la interrogante ¿Cuáles son los resultados de la empleabilidad en el Ecuador durante la pandemia de la Covid?

Resultados

El empleo en el Ecuador

La investigación realiza un acercamiento al problema del empleo en el contexto de pandemia, bajo el supuesto de que una política pública efectiva puede proteger el empleo, y beneficiar al mismo tiempo a los empleadores. De acuerdo con el Informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” realizado por la CEPAL (2022), en el Ecuador la tasa de empleo muestra que el número de ocupados al cierre de 2021 supera la cifra del 2019 por más de cuatro puntos porcentuales. Vale señalar que los datos no diferencian el empleo adecuado del inadecuado, lo que supondría que la recuperación en el Ecuador responde al incremento del empleo informal, la precarización de la jornada laboral o la invisibilización del trabajo femenino.

Por ello, se analiza las condicionantes del subempleo, el trabajo inadecuado, empleo no retribuido y el empleo no pleno; así también se observan las estadísticas proporcionadas en los últimos 10 años por los organismos nacionales e internacionales en relación a la pobreza y el PIB. Finalmente, se esboza las causas del empleo no adecuado en la población económicamente activa según su rango etario, y las diferentes consecuencias que genera esta actividad en el empleo joven.

Uno de los efectos más notorios de la pandemia sobre los mercados laborales en América Latina fue la importante reducción que experimentó la tasa de participación, de 4,5 puntos porcentuales en promedio entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Antes de la pandemia se preveía un crecimiento del empleo de un 2,2% en la región, sin embargo, en los años 2020 y 2021 las condiciones del trabajo en el Ecuador decrecieron, y se evidencia una lenta, desigual e incompleta recuperación, el empleo femenino es el más afectado y los trabajadores por cuenta propia lideraron los indicadores de ocupación en el país (Cepal, 2022). Cualquier gobierno que hubiese afrontado la coyuntura transitaría los mismos problemas, sin embargo, las políticas de recuperación estarán matizadas por la tendencia ideológica y visión de los mandatarios frente a la crisis.

En la actualidad, el decrecimiento de los indicadores de empleo y la precarización de este puede catalogarse como una epidemia que afecta a millones de personas en todo el mundo. En el Ecuador, los últimos diez años significaron un retroceso en la generación del empleo adecuado, a la par, los indicadores de pobreza también se elevaron. Las causas pueden ser múltiples, los problemas sociales y los desastres naturales podrían empeorar las condiciones del empleo en el país. 

Dentro de la estructura de empleo es fundamental incluir datos relacionados con el ingreso, jornada laboral y la disponibilidad para ejecutar horas adicionales. Con todo ello se podrá establecer un reconocimiento dirigido a las personas con empleo, y posteriormente se podrá clasificar a los tipos de empleo en: no clasificados, no remunerado, empleo no pleno, adecuado/pleno y subempleo.    

Así pues, el empleo se conformó mediante la siguiente base: PET con 12,8 millones de personas, PEA 8,4 millones de personas, 8,008.824 millones que poseen un trabajo, de los cuales son: trabajo adecuado con 2,773.750 de personas; 1,908.839 en estado de subempleo; las no clasificadas con 38,402 millones; no remunerado 961,925 millones y otro empleo no pleno con 2,325.908 millones de personas. Por tanto, esta estructura también indica el factor desempleo que está representada con 424.826 personas y esta a su vez se divide en abierto y oculto con el 3,2% y 0,4% respectivamente. Así también, se evidencia en la clasificación del empleo en el Ecuador, que el empleo adecuado antes de la pandemia (2019) alcanzaba 38,3% y para el 2022 apenas se encuentra en el 35,6% (ENEMDU, 2022).

El empleo adecuado

Este empleo hace referencia al trabajo de “una persona que labora 40 horas o más a la semana y que recibe por lo menos el SBU de USD 425 mensuales según las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos” (INEC, 2016, pág. 7). A partir del 2012, el empleo adecuado ha crecido paulatinamente, su pico más alto ocurrió en el 2014 con un 49.30%. Sin embargo, a partir del 2016, se observó una tendencia decreciente en comparación al año anterior, a partir de esta fecha, el empleo adecuado disminuyó hasta llegar a un mínimo en el 2020 de 30.80% debido a la pandemia de Covid-19. “El 53% de empresas no tuvieron a ningún trabajador laborando en marzo, incrementándose este número al 71% en abril (…) El 67% de empresas no pudieron cubrir salarios con sus ingresos en marzo. En abril el porcentaje se incrementó al 83%” (Franco-Crespo, 2020). Aquí, se presenció un colapso del empleo durante el período de severas restricciones desde marzo hasta junio de 2020. En abril del 2022, el mercado laboral registro un leve incremento, “existe menos empleo inadecuado y desempleo. A la par, 62,6% de las personas en edad de trabajar tenía un empleo inadecuado en abril de 2022, ello es igual a una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021” (Coba, 2022)

Gráfico 1

Progreso del empleo 2012 – 2022

En cuanto al progreso del empleo adecuado entre los años 2012 – 2021, este se encuentra concentrado en diversas actividades, dentro de la totalidad de empleados se evidencia que el mayor peso recae en las actividades de servicios representadas en un 33,9%, por detrás de esta se encontrarían las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que alcanzan el 33.5%, luego le siguen las actividades inherentes al comercio con un porcentaje estimado de 17,2%, la manufactura con un 10,0%, en el caso de la construcción, el porcentaje no supera el 5,4%, donde además se aprecia la existencia de un importante nivel de informalidad en el empleo para este sector. Asimismo, el comercio también tiene una participación menor, ya que varios de los emprendimientos que se producen corresponden a la venta de productos, pero no cuentan con las condiciones idóneas para los trabajadores; cabe mencionar que otros sectores como la industria, enseñanza, servicios de salud y la construcción, tienen un peso mayor en el empleo adecuado, producto de las regulaciones existentes en ese campo.

Gráfico 2

Empleo por actividad 2020 – 2022

Subempleo

El subempleo es considerado como la falta de acceso a un empleo bajo condiciones normales en donde la jornada laboral sea completa, los beneficios sociales son reconocidos, desarrollo de actividades consideradas menos productivas, para (INEC, pág. 7)

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos

De acuerdo a esta metodología, el índice de subempleo creció en el Ecuador en “0,4 puntos porcentuales en términos interanuales, eso significa que más de 107.000 personas ingresaron al subempleo entre noviembre de 2020 y el mismo mes de 2021” (Ekos, 2021), de forma adicional se evidencia un aumento significativo en los diez últimos años. Los indicadores etarios llaman la atención, la población con más porcentaje de subempleados se encuentra en el grupo de individuos que abarca los 45 y 64 años, y después la población entre los 24 a los 34 años. De igual forma, Suárez (2021) afirma que “previo a la pandemia, aunque tenían una tendencia similar, el subempleo en el área rural era mayor al del área urbana. Sin embargo, esta característica cambió durante el 2020. Desde septiembre del 2020 hasta julio 2021, el subempleo estaba bastante variable, y, por lo general, el área urbana presentaba cifras mayores” . Esto debido a factores relativamente importantes el primero es por poco tiempo de trabajo y la otra por la carencia de ingresos.

Gráfico 3

Distribución etárea del subempleo 2012 – 2021

Fuente. Tomado de (INEC, 2021)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), anual y (Banco Central, 2019)- Reporte Trimestral de Mercado Laboral

Empleo inadecuado

El empleo inadecuado, es una forma de subempleo en la cual las personas tienen acceso al trabajo, con restricciones que no permiten el desarrollo en condiciones favorables, de acuerdo a la OIT referenciada por (Primicias, 2018)

Empleos que, conforme a las normas internacionales, subutilizan las capacidades de los trabajadores, o bien estos operan en condiciones que limitan su bienestar. Puede clasificarse en: a) Inadecuado en Relación con las Competencias Personales, cuando existe una subutilización del capital humano (trabajadores); b) En Relación con los Ingresos, cuando las remuneraciones de los trabajadores son limitadas; y c) En Relación con las Condiciones Generales de Trabajo cuando estas no reúnen los requerimientos de la Ley, de la salud o de un adecuado ambiente laboral.

La mayor parte de la población que trabaja lo hace en condiciones de empleo inadecuado, es decir, no cumplen con las 40 horas semanales de trabajo, y que además de ello, perciben ingresos por debajo del salario mínimo, que a la fecha es de 450 USD (Olmedo, 2018, p. 12).

En 2020, el empleo inadecuado bajó 2,4 puntos porcentuales, pero aún no iguala niveles de prepandemia. El empleo inadecuado en el país se ubicó en 61,5% en diciembre de 2021, según la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2021). Eso quiere decir que seis de cada diez personas de la población económicamente activa (PEA) están en: a) Subempleo: personas con empleo que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales, b) Empleo no remunerado: personas con empleo que no reciben ingresos, como los trabajadores no remunerados del hogar, y c) Otro empleo no pleno: personas con empleo que perciben ingresos inferiores al salario básico y/o trabajan menos horas de la jornada legal y no tienen deseo o disponibilidad de trabajar horas adicionales.

Gracias a la información obtenida de ENEMDU sobre las tasas de empleo adecuado e inadecuado desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2021 se ha desarrollado el siguiente gráfico. En él se puede observar que el mercado laboral ecuatoriano tiene un alto porcentaje de empleo inadecuado. En diciembre del 2015, el porcentaje de empleo adecuado fue de 46,50% y el de empleo inadecuado de 48,10%, con una diferencia a favor del empleo inadecuado. Si se revisa los datos se observa que en diciembre del 2020 la tasa de empleo inadecuado es de 62,90% lo que indica que hubo un incremento del 14,8% en el lapso de cinco años, por otra parte, en la misma fecha el empleo adecuado decreció a 31% es decir 15,5% en el mismo lapso de tiempo. En 2021 existe una tasa de empleo adecuado de 33,90% y la tasa de empleo inadecuado se disparó al 61,50% en el que casi el 75% de este grupo son personas jóvenes, con una diferencia de 27,60% entre el empleo adecuado e inadecuado, lo que quiere decir que en el Ecuador el empleo inadecuado prevalece en el mercado laboral.

Políticas activas para el mercado laboral ecuatoriano

La reducción del desempleo es una de las tareas fundamentales que tiene cualquier gobierno, para ello se diseñan, promueven e implementan políticas laborales que tienen como objetivo elevar el número de actividades orientadas a los más jóvenes. A inicios del 2016, el desempleo alcanzó el 10,43%, llegando a 41,10% hasta finales del 2021, el nivel de desempleo está relacionado, en los últimos años, con la pandemia del covid-19, pese a la implementación de normativas laborales como fueron el teletrabajo, reducción de jornada de trabajo, contratos especiales emergentes, entre otras, no se logró mantener todas las plazas de empleo y se produjo un decrecimiento del empleo formal.

Para enfrentar el decrecimiento de la tasa de empleo, se aprueba en la Asamblea Nacional, la “Ley de Apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID”, la misma tuvo por objeto establecer medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano; que permitan fomentar la reactivación económica y productiva con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, la popular y solidaria, y el mantenimiento de las condiciones de empleo. La misma contenía dos apartados que buscaban proteger el empleo: a) Bienestar social y reactivación productiva (Disminución de pensiones educativas, suspensión temporal de juicios de inquilinato, no incremento de servicios básicos, rebaja en costo del servicio eléctrico, extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado). b) Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo (Reducción emergente de la jornada de trabajo, contratos emergentes especiales, despidos por fuerza mayor sin recargos, acuerdos entre empleador y empleados para proteger el empleo con reducción de jornada laboral, salario, o beneficios de ley).

Así también se diseñaron programas gubernamentales orientados a la generación de empleo, como el Programa “Mi Primer Empleo y Empleo Joven” que se mantuvo vigente hasta diciembre del 2021, y se cerró por falta de presupuesto (El Universo, 2022, p. 1). El programa buscó un crecimiento positivo del 3,45% en el año 2021 en relación al empleo juvenil (América-Economía, 2018, p. 1), hasta su cierre se registran 1.293 personas atendidas, siendo las provincias de Pichincha y Manabí las más beneficiadas (Andrade De la Cueva, Shiguango Medina, & Pilapanta Vilaña, 2021, p. 35).  

El actual gobierno implementó un nuevo programa Encuentra Empleo,  este modelo de bolsa de trabajo propone un proceso de capacitación en el cual se han registrado 169.903 personas, y se han capacitado 128.209 principalmente de Guayas y Pichincha con 34.049 y 27.553 jóvenes capacitados respectivamente. La plataforma ha colocado un aproximado de 60.974 personas los cuales han sido contratados en relación de dependencia (Andrade De la Cueva, Shiguango Medina, & Pilapanta Vilaña, 2021, p. 34). La plataforma “Encuentra Empleo” cumple con las mismas funciones que la anterior “Mi Primer Empleo y Empleo Joven” entre ellas está también la de continuar con el programa de contratación bajo el modelo de pasantías y prácticas preprofesionales, lo que pueda garantizar el adecuado desarrollo académico y profesional de los jóvenes. Sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos fueron insuficientes pues existe un 32,6% de la población económicamente inactiva, donde se incluyen a la población en edad a trabajar es decir un aproximado de 2,804.557 personas, que no ha podido acceder a una oferta laboral (Andrade De la Cueva, Shiguango Medina, & Pilapanta Vilaña, 2021, p. 5).

Los programas garantizaron capacitación profesional para ser considerados en instituciones públicas o privadas, las iniciativas resultarían efectivas solo con leyes y programas que garanticen elevar el número de empleos en el país, con salarios justos que no representen un costo elevado en la nómina de las organizaciones, sino al contrario, puedan adquirir colaboradores en base a su necesidad y ritmo de su trabajo.

Por otra parte, desde el año 2009 hasta inicios del 2021 se han efectuados cambios radicales en el ámbito laboral, desde la eliminación de contratos a plazo fijo, establecer una base para el pago de las utilidades, despido ineficaz y recargos del 35% por jornadas reducidas acciones que para los colaboradores se han visto beneficiados por el incremento de indemnización y así también afectaciones hacia los empleadores por los rubros a cancelar (Starnaiolo, 2021, p. 3).

En el primer año de gobierno, el Presidente Guillermo Lasso intentó aprobar el proyecto de Ley Creando Oportunidades enfocado en materia laboral, exactamente en el artículo 70 planteaba eliminar modalidades de contratación así como reducir el porcentaje de recargos por jornadas reducidas, eliminar las 13 causales que abarcan desde despidos por retraso, faltas injustificadas, indisciplina, injurias, acoso laboral, divulgación de la información entre otros aspectos que permitirían una supuesta mejora al ámbito laboral que sería de gran beneficio para el empleador, ya que, para aplicar esta nueva ley, por ejemplo, en el caso de despido ya no sería necesario un trámite administrativo produciéndose una “simplificación del proceso” (Noroña, 2021, p. 2).

La ley también proponía modificar la jornada de trabajo para aquellos que su jornada llegase a 12 horas ya que se ejecutarían en dos fases una de 6 horas en el día, y otra con 6 horas durante la noche con un descanso de 6 horas todo en un mismo día para que de esa manera se reduzca el pago de las horas extraordinarias y suplementarias, de la misma manera se preveía crear nuevos contratos de forma alternativa por tiempo definido con 6 meses de duración como mínimo y 4 años máximo, y posteriormente poder transformarse a indefinido. Entre este tipo de contratos también se involucraban los tipos eventuales por obra o servicios terminados cuya relación se termina cuando se haya cumplido la labor para la cual fueron contratados (Noroña, 2021, p. 1). Aunque estas nuevas reformas no fueron aprobadas por considerarse una forma de precarización laboral, pues afectaban tanto a personas con contrato temporal como a aquellos trabajadores fijos, su idea se enfocaba en poder brindar nuevas oportunidades laborales ya que 7 de cada 10 personas no poseen una actividad laboral formal.

Discusión

Las políticas laborales implementadas por los gobiernos de turno durante la pandemia, pretendieron reducir los 424,826 millones de desempleados, 1,908.839 subempleados y personas que se encuentran en situación de informalidad. La falta de empleo profundiza los indicadores de pobreza de la población ecuatoriana, y a este escenario se suma el inequitativo reparto del ingreso per cápita en el país, el índice de pobreza por ingreso se elevó al 33% de la población ecuatoriana (INEC 2022, ENEMDU. Datos a diciembre 2007-2020, a junio 2021), el más alto en 11 años.

La caída de las importaciones tiene un impacto positivo sobre el PIB, porque el valor de las importaciones que contó con 6.781,4 millones fue menor al valor de las exportaciones con un saldo de 7.436,2 millones. Entre enero y abril las importaciones incrementaron en un 40.7% con relación a las importaciones del 2021. Las exportaciones, por su parte, incrementaron en últimos meses, ya que alcanzaron un 35,6% en sus ventas con referencia al periodo de 2021. Sin embargo, las cantidades de barriles exportados de petróleo hasta abril del 2022 fueron menores en un 8,8% con referencia al mismo periodo del año 2021

El incremento del precio del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional llegó para cambiar los indicadores, en abril de 2022 el precio del petróleo promedió US$101,8 por barril versus US$61,7 en 2021. En el 2021 se produce un incremento de los ingresos recaudados por el estado, de un 10% en el impuesto a la renta, 13% en el IVA, 9% en el ICE, 2% en arancelario, y un 73% en otros impuestos, los indicadores son resultado de la reactivación económica post crisis sanitaria.

En 2021 el PIB se incrementó en un 2,1%, con un pequeño aumento de la demanda interna, sin embargo, la formación bruta de capital disminuyó en un 0,98%. Para el 2022 hubo un incremento de la deuda pública de aproximadamente un 40,6% del PIB, resultado de un proceso de endeudamiento agresivo que permitía inyectar liquidez a la economía, misma que iba en un proceso de desaceleración, trayendo como consecuencia que la relación de la deuda pública/PIB tenga una tasa de -1,0%. La inflación anual fue de 1,94%, considerándose una de las dos cifras más baja en todo el período de dolarización. En el periodo comprendido entre 2007 y 2021 Ecuador alcanzó un crecimiento anual promedio del PIB del 0,7% como consecuencia de un mejor comportamiento en el gasto de consumo final del gobierno y gasto de consumo final de los hogares (ENEMDU). Se mantiene el objetivo de reducir el déficit público, y de esta forma cumplir con el FMI, pues es necesario el financiamiento externo, particular y multilateral para suplir su demanda interna.

En cuanto a los componentes del PIB, en la demanda de derivados, se evidencia un incremento del 17,2% en gasolina, 13.3% en diésel, 2,73% en GLP y finalmente en el resto de los derivados con un 15,8%. En relación a la formación bruta de capital fijo (FBKF) en 2009, tuvo un notable repunte motivado por la inversión pública en obras de construcción, carreteras, y proyectos hidroeléctricos. En el año 2021, la formación bruta de capital fijo (FBKF) mantuvo una contribución absoluta del PIB del 0,78. En relación al consumo de los hogares, contribuyó al decrecimiento del año 2021, siendo de 6.12, mientras que el consumo por parte del gobierno tuvo una contribución absoluta de 0,66.

Gráfico 4

Ecuador PIB, inflación y desempleo 2019-2021

Sin duda, el indicador más esperanzador de la lenta recuperación económica es el incremento del número de ocupados durante 2021, y en algunos casos las tasas de crecimiento superaron el 9,0%. Desde el punto de vista de la actividad económica, al cuarto trimestre de 2021 la mayoría de los países de América latina habían recuperado su nivel de PIB previo a la crisis, pero en muchos países esto no se vio acompañado de un retorno a los niveles de ocupación precrisis (CEPAL, 2022), porque, aunque el PIB ha crecido progresivamente el índice de desempleo todavía no alcanza los indicadores del 2019, por lo que se estima que el empleo que crece es el empleo no adecuado.

El empleo inadecuado en el Ecuador mejoró en relación a los índices de empleo adecuado antes de la crisis sanitaria, lo que sería el indicio más claro de la escasa generación de empleo efectivo en el sector secundario de la economía, crece la informalidad y el sector de servicios. Más del 60% de las personas que pertenecen al mercado laboral tienen un empleo no adecuado, es decir tienen un sueldo menor al básico y no cubren el mínimo de horas laborales y no desean o no tienen disponibilidad de trabajar horas adicionales. El empleo inadecuado puede ocurrir por brechas de género, mercado adulto céntrico, trabajos informales, entre otros

Por otra parte, el subempleo en el Ecuador tiene uno de los porcentajes más altos, esto quiere decir que la gran mayoría de la población económicamente activa tiene empleos a tiempo parcial, en el que no perciben un sueldo mayor o igual a un salario básico. En la actualidad las empresas evitan realizar contratos a tiempo completo, a individuos sin experiencia, a personas mayores de 35 años o personas que no tienen un alto nivel de estudios.

En un balance preliminar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estiman crecimiento en las economías emergentes del 5,1% en el 2022 retomando su trayectoria en el año 2025 de crecimiento prevista antes de la pandemia COVID 19, cabe recalcar que 11 países de América latina lograron recuperar valores del PIB previos a dicha pandemia y en el año 2022 se añadirían tres más, esto sería un total de 14 de los 33 países de la región.

Gráfico 5

Proyecciones de crecimiento para Latinoamérica CEPAL

Fuente. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022).

En este contexto, la inestabilidad política es uno de los elementos menos trascendentales en una larga lista de factores que afectan negativamente a la economía (Long, 2008, p. 157). A partir de lo planteado, el desarrollo económico y la inestabilidad política se han adaptado, a tal punto que no ha sido un obstáculo imperante para el desarrollo económico del país. Los gobiernos en ejercicio siguieron las políticas económicas afines al Fondo Monetario Internacional para garantizar los créditos que permitan subsanar la situación económica del país y sobre todo los gastos originados por la pandemia.

Sin embargo, la situación política, principalmente de carácter institucional se encuentra en crisis, de acuerdo con un estudio realizado por el Barómetro de las Américas, el índice de credibilidad de la democracia decrece cada año. Este proceso de inestabilidad se ha distinguido por el retroceso progresivo de las instituciones públicas, el debilitamiento del estado de derecho ya sea naciente o en construcción y la creación de canales de negociación entre actores políticos y económicos del Estado (Long, 2008).

Gráfico 6

Proyecciones de crecimiento para Latinoamérica CEPAL

Long (2008, p. 157) defiende que el crecimiento económico no se ve significativamente afectado por la inestabilidad política dentro de un contexto específico de retroceso de la institucionalidad y de reducción del rol del estado, no quiere decir que la inestabilidad política ni que el fraccionamiento del estado y sus instituciones propicien el crecimiento económico. Si el estado juega un papel económico menos importante, resulta lógico que lo que sucede en su interior, y en particular a la cabeza del ejecutivo, tenga menos impacto sobre la economía del país.

Queda claro, el factor económico no es la única causa para la crisis política, la suma de factores agrava el escenario, incluso, la falta de representatividad política podría contribuir con una crisis de sistema. Para Heiss (2020), la crisis de la representación política tiene una directa relación con el surgimiento de los gobiernos populistas, producto de la incapacidad del sistema de democracia representativa de dar cabida a su promesa de inclusión, generación de empleo, y reducción de los indicadores de pobreza.

La pandemia evidenció que las políticas económicas públicas y de empleo no dan solución al problema existente, quienes se están recuperando son las empresas que han aplicado la ley humanitaria que no favorece a los trabajadores más bien los condena a situaciones precarias de supervivencia (Sumba-Bustamante, et al., 2020). Los trabajadores que se encuentran en el subempleo no tienen afiliación al seguro social y quienes gozan de un empleo pleno y son despedidas, tienen el seguro de desempleo que es temporal y no cubre al trabajador durante todo el período que está sin trabajo (Bonifaz, et al., 2017).

Becerra, Valencia & Revelo (2021) demuestran que la mayor cantidad de personas afectadas por el desempleo son jóvenes (Guashca, 2020) con deserción escolar (Rivadeneira, et al., 2016), específicamente el sector rural quienes se han dedicado a la actividad económica familiar como ganadería o agricultura son albañiles o artesanos, tienen menores oportunidades de encontrar un trabajo estable con un sueldo digno debido a la poca experiencia laboral (Arellano & Ayaviri, 2021), preparación y más aún si pertenecen a una etnia o son mujeres debido a la discriminación existente en Ecuador (Chong, 2017). El desempleo en jóvenes que apenas empiezan su vida laboral se ha convertido en un verdadero problema de política pública ya que están en su edad más productiva y en la que más pueden aportar a la economía del país. (Guaminga & Tixi, 2018).

El país necesita una nueva reforma laboral, en materia de fijación y negociación salarial, ya que de esta manera se lograría viabilizar la productividad, incrementar las oportunidades de empleo y disminuir la informalidad.

En un mundo globalizado, es clave que los gobiernos impulsen medidas de desarrollo y sostenibilidad en todos sus sectores e instituciones y quienes laboran dentro de las mismas. El sector económico debe estimular la demanda laboral mediante múltiples organizaciones empresariales y demás instituciones. Resultan fundamentales las oportunidades laborales para la población, ya que es la única medida que puede contrarrestar, parcial o completamente el nivel de desempleo, y por ende el de pobreza. Los individuos solo a través de una fuente de trabajo pueden cubrir y satisfacer sus necesidades, y puedan ejercer de forma plena sus derechos.  

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